a) La implantación de un lenguaje feminista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de relaciones sociales, culturales y artísticas.
b) La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.
c) La participación equilibrada, siempre que sea posible, de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.
d) El compromiso con el derecho constitucional de igualdad de mujeres y hombres.
b) La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.
c) Instituto de la Mujer.
c) Un 40% de las plazas.
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
b) El Centro de Información Administrativa para la Mujer.
c) El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
d) La Unidad de “Mujer y Ciencia”.
b) El Centro de Información Administrativa para la Mujer.
b) La promoción de los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información.
a) En las políticas urbanas de ordenación territorial y vivienda.
b) En la política española de cooperación al desarrollo.
c) En el sector industrial.
d) En el sector agrario.
d) En el sector agrario.
b) 60%
d) Todas las contestaciones son correctas.
a) Los costes relacionados con el embarazo y el parto justificarán diferencias en las primas.
b) Ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de bienes y servicios.
c) En ningún caso se podrán fijar los supuestos en los que sea admisible determinar diferencias de las primas cuando el sexo constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo.
d) Ninguna contestación es correcta.
d) Ninguna contestación es correcta.
a) 2.000 habitantes.
b) 3.000 habitantes.
c) 4.000 habitantes.
d) 5.000 habitantes.
b) Con un número de residentes igual o inferior a 3.000 habitantes.
b) El Instituto de la Mujer.
a) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.
b) El tratamiento público de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo.
c) La instrucción al personal sindical de su deber de respetar la dignidad de las personas.
d) El compromiso de la AGE de prevenir y no tolerar el acoso sexual salvo que éste sea manifiesto.
a) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.
a) La normativa vigente en materia de protección medio ambiental.
b) La normativa vigente en materia de igualdad de género.
c) La normativa vigente en materia de calidad en la prestación de los servicios públicos.
d) La normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
b) La normativa vigente en materia de igualdad de género.
d) Todas las contestaciones son correctas.
c) Del Ministerio de Igualdad.
a) Y además en los procesos civiles de nulidad.
b) La a) es correcta pero no intervendrán en los procesos civiles de separación.
c) La b) es correcta pero solo intervendrán en los procesos civiles de divorcio.
d) Ninguna contestación es correcta.
a) Y además en los procesos civiles de nulidad.
b) Director General.
d) Todas las contestaciones son correctas.
a) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.
b) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
c) Apoyo educativo a la unidad familiar.
d) Todas las contestaciones son correctas.
d) Todas las contestaciones son correctas.
b) Grado I. Dependencia moderada; Grado II. Dependencia severa. Grado III. Gran dependencia.
a) Las prestaciones pueden ser modificadas pero no extinguidas por variación de los requisitos.
b) La revisión puede ser realizada siempre que exista dotación presupuestaria.
c) La revisión podrá ser de oficio en caso de un empeoramiento de la situación de dependencia.
d) Podrá revisarse con motivo del cambio de residencia a otra Entidad Local.
c) La revisión podrá ser de oficio en caso de un empeoramiento de la situación de dependencia.
a) Rehabilitación y habilitación profesionales.
b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transportes en desplazamientos a distintas Comunidades Autónomas.
c) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
d) Recuperación profesional.
b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transportes en desplazamientos a distintas Comunidades Autónomas.
a) Discriminación indirecta.
b) Discriminación directa.
c) Discriminación por asociación.
d) Discriminación por accesibilidad universal.
c) Discriminación por asociación.
a) El sistema de arbitraje como medida de defensa sobre quejas y reclamaciones en relación a la discapacidad tiene carácter voluntario.
b) Uno de los servicios que puede prestar el sistema de dependencia pueden ser el de atención residencial para mayores de 65 años.
c) El Gobierno acuerda las cuantías de las prestaciones y las aprueba por real decreto.
d) El Gobierno establecerá la oferta pública de Red de servicios sociales.
a) El sistema de arbitraje como medida de defensa sobre quejas y reclamaciones en relación a la discapacidad tiene carácter voluntario.